Ley de Reconstrucción abre una nueva batalla por la inversión: permisología, impuestos y certeza jurídica quedan en el centro

La Ley de Reconstrucción entró en su recta final de tramitación con una serie de cambios que podrían tener efectos relevantes sobre el escenario de inversión en Chile, particularmente en sectores intensivos en capital y con proyectos de largo plazo. El Tribunal Constitucional resolvió el pasado 13 de agosto los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, dejando la iniciativa a un paso de su promulgación.

De acuerdo con un análisis elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD), la legislación incorpora herramientas destinadas a abordar tres de los principales obstáculos que, a juicio del centro de estudios, han afectado el crecimiento de largo plazo: la carga tributaria corporativa, la denominada permisología y la falta de certeza jurídica para las inversiones.

El diagnóstico se produce en un escenario económico marcado por un bajo dinamismo. Según los antecedentes citados en el documento, durante el segundo trimestre de 2026 el PIB cayó 0,2% respecto del mismo período del año anterior, mientras que el primer semestre cerró con una contracción acumulada de 0,3%.

A ello se suma que el crecimiento tendencial de la economía se mantiene en torno al 2%, una tasa que, según LyD, resulta insuficiente para dinamizar de manera significativa el mercado laboral y generar los recursos necesarios para sostener las políticas públicas en el largo plazo.

La evolución de la inversión también explica parte del diagnóstico. Mientras entre 2000 y 2012 esta registró un crecimiento anual promedio de 9,6%, desde 2013 el ritmo se redujo considerablemente, alcanzando apenas un promedio de 1,4% anual.

Un cambio de escenario para los proyectos de inversión

Uno de los componentes centrales de la nueva legislación es la creación de un régimen de invariabilidad tributaria para determinados proyectos de inversión.

La propuesta original contemplaba 25 años de invariabilidad tributaria para inversiones nacionales y extranjeras desde US$50 millones. Sin embargo, durante la discusión legislativa el mecanismo fue modificado y finalmente se estableció un sistema escalonado.

Las inversiones desde US$50 millones y menores a US$100 millones podrán acceder a 10 años de invariabilidad; aquellas entre US$100 millones y menos de US$350 millones tendrán un plazo de 15 años, mientras que los proyectos iguales o superiores a US$350 millones podrán acceder a 20 años. El esquema considera además una prima de 1,5 puntos porcentuales sobre el Impuesto de Primera Categoría.

El Tribunal Constitucional validó esta estructura, aunque declaró inconstitucionales tres extensiones menores asociadas al mecanismo.

Para LyD, el objetivo es entregar mayor certeza a los inversionistas frente a modificaciones tributarias futuras, en un contexto en que Chile ha experimentado sucesivas reformas impositivas durante las últimas décadas.

Para sectores como el inmobiliario, construcción, infraestructura y energía, donde las decisiones de inversión requieren horizontes prolongados y comprometen importantes volúmenes de capital, la certeza sobre las reglas del juego constituye una variable relevante para la evaluación de nuevos proyectos.

Impuesto corporativo bajará de 27% a 23%

Otro de los cambios relevantes está relacionado con el impuesto corporativo.

La iniciativa aprobada mantiene la propuesta original de reducir gradualmente la tasa desde el actual 27% hasta 23%. El proceso contempla una reducción a 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% en 2029.

Según el análisis, la medida busca acercar la tributación corporativa chilena al promedio de los países de la OCDE, con el objetivo de mejorar la competitividad tributaria y generar mejores condiciones para atraer inversión.

La reducción de impuestos, sin embargo, no es analizada de manera aislada. LyD advierte que la sostenibilidad fiscal dependerá también de que el crecimiento económico aumente y de que continúe el proceso de racionalización del gasto público.

La permisología vuelve al centro de la discusión

Uno de los aspectos que mayor interés genera para el mundo productivo es la intención de reducir las trabas administrativas que enfrentan los proyectos de inversión.

La Ley de Reconstrucción es presentada por LyD como una herramienta para abordar la permisología, entendida como el conjunto de procesos, autorizaciones y trámites que pueden extender los plazos necesarios para materializar una inversión.

El informe sostiene que la legislación incorpora instrumentos destinados a destrabar este tipo de obstáculos y mejorar las condiciones para proyectos de largo plazo.

La discusión resulta especialmente relevante para la actividad inmobiliaria y de construcción, donde los plazos de aprobación de permisos pueden incidir directamente en los costos de desarrollo, la programación de las obras y el precio final de los proyectos.

Sin embargo, el propio análisis advierte que la nueva legislación no resolverá por sí sola el problema del bajo crecimiento. A juicio de LyD, será necesario complementar estas modificaciones con medidas destinadas a flexibilizar el mercado laboral, reducir los costos de contratación, mejorar el capital humano, elevar la productividad y fortalecer la gestión del Estado.

El costo fiscal de recuperar el crecimiento

La otra cara del proyecto está relacionada con las finanzas públicas.

El análisis plantea que la sostenibilidad fiscal requiere estabilizar la deuda pública en un nivel inferior al 45% del PIB, pero advierte que no basta con evitar superar ese umbral. También sería necesario mantener una distancia prudente respecto de dicho límite para enfrentar eventuales shocks económicos o movimientos en variables que no dependen directamente de la autoridad fiscal.

Entre estos factores se encuentran el tipo de cambio, la composición de monedas de la deuda y el comportamiento del deflactor del PIB.

A esto se suma la necesidad de reconstruir los fondos soberanos. El Fondo de Estabilización Económica y Social, actualmente cercano al 1% del PIB, debería avanzar hacia un rango de entre 5% y 7%, de acuerdo con la recomendación citada del Fondo Monetario Internacional.

El objetivo es contar nuevamente con un colchón financiero que permita responder ante catástrofes naturales, crisis económicas u otras situaciones excepcionales.

Una oportunidad para la inversión, pero no una solución definitiva

La discusión sobre la Ley de Reconstrucción se produce en un momento en que la economía chilena enfrenta el desafío de recuperar su capacidad de crecimiento. El proyecto busca modificar algunas de las condiciones que afectan las decisiones de inversión, pero el diagnóstico de LyD apunta a que se requiere una agenda más amplia.

La institución plantea que el crecimiento tendencial debe superar ampliamente el 2% estimado actualmente para que sea posible compatibilizar una recuperación económica con la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

De lo contrario, sostiene el informe, el Estado tendría que realizar ajustes permanentes de gasto de mayor magnitud. A ello agrega la necesidad de mantener una política explícita de recuperación de los fondos soberanos.

En ese contexto, la Ley de Reconstrucción aparece como una señal dirigida al sector privado: menor carga tributaria corporativa, mayores niveles de certeza para determinadas inversiones y herramientas para enfrentar las trabas administrativas que afectan la ejecución de proyectos.

Pero el alcance de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del país para avanzar simultáneamente en productividad, inversión y eficiencia del gasto público.

El propio informe de Libertad y Desarrollo resume esta perspectiva al plantear que la aprobación de la ley constituye “un punto de partida, no de llegada”. La recuperación del crecimiento y la sostenibilidad fiscal, sostiene, difícilmente podrán alcanzarse sin una recuperación significativa de la inversión y la productividad.

Para el mercado inmobiliario, la señal es particularmente relevante: en un sector donde los proyectos requieren capital intensivo, horizontes largos y múltiples autorizaciones, cualquier reducción de incertidumbre tributaria o administrativa puede modificar la evaluación económica de nuevas iniciativas.

La discusión, por tanto, comienza a desplazarse desde la necesidad de atraer inversión hacia una pregunta más concreta: cuánto de esta nueva arquitectura legal será capaz de traducirse efectivamente en proyectos, empleos y nuevas viviendas en los próximos años.