Nuevo golpe de Poduje: “Arriendo a Precio Justo” se acaba y viviendas fiscales pasarán a propiedad

Un nuevo giro en la política habitacional anunció el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Durante su visita a Concepción, el titular de la cartera, Iván Poduje, confirmó el término del programa “Arriendo a Precio Justo”, iniciativa implementada durante el gobierno anterior que buscaba ampliar el acceso a viviendas mediante el arriendo de inmuebles fiscales y propiedades del Serviu a familias vulnerables.

La decisión implica un cambio relevante en el destino de este stock habitacional: las viviendas que estaban contempladas para ser arrendadas serán entregadas en propiedad, de acuerdo con el nuevo enfoque definido por la actual administración.

El ministro cuestionó directamente la concepción del programa y su denominación. “no avanza más, porque no era justo. De hecho, el nombre estaba muy mal puesto”, señaló Poduje.

Según explicó, los inmuebles serán destinados principalmente a resolver situaciones consideradas críticas dentro de la política habitacional.

“todas esas viviendas que eran del Estado y estaban para arrendar van a ser entregadas a las familias en propiedad, tal como lo consigna nuestra motivación del programa”, afirmó.

Del arriendo a la propiedad

El cambio supone pasar desde un modelo basado en el acceso temporal a una vivienda estatal hacia uno centrado en la propiedad definitiva como mecanismo de solución habitacional.

De acuerdo con el ministro, entre los grupos que podrían beneficiarse de esta reasignación se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia intrafamiliar, considerados dentro de los denominados casos críticos.

La definición se alinea con una de las principales orientaciones que la actual administración busca imprimir a su política habitacional: aumentar el número de familias que acceden a una vivienda propia, en lugar de establecer soluciones permanentes basadas en el arriendo subsidiado.

¿Cómo funcionaba “Arriendo a Precio Justo”?

El programa fue presentado en 2022 y estaba diseñado para que familias vulnerables que contaran con un subsidio de arriendo vigente pudieran ocupar viviendas fiscales o inmuebles pertenecientes al Serviu.

Uno de sus principales elementos era establecer un límite al esfuerzo económico de los hogares: el pago mensual del arriendo no podía superar el 25% de los ingresos de la familia.

El beneficio estaba dirigido a grupos familiares de entre dos y cuatro integrantes, quienes debían estar inscritos en el Registro Social de Hogares y cumplir determinadas condiciones de ingreso y ahorro.

Entre los requisitos se encontraba contar con un ahorro mínimo de 5 UF, además de disponer de ingresos suficientes para afrontar el pago del arriendo.

El esquema contemplaba también que el Serviu asumiera el pago de los gastos comunes de los departamentos y permitía extender el beneficio por un período máximo de ocho años.

Un cambio de enfoque para el stock fiscal

El término del programa no solo modifica el mecanismo de acceso, sino que también cambia la función que tendrán las viviendas que permanecían dentro del patrimonio estatal.

En lugar de utilizar estos inmuebles como una herramienta para ampliar la oferta de arriendo a precio subsidiado, el Gobierno busca destinarlos a soluciones habitacionales definitivas, priorizando a hogares que enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad.

La decisión abre, además, una discusión de fondo sobre el rol que debe cumplir el Estado en el mercado habitacional: si debe ampliar su participación como propietario y arrendador de viviendas o concentrar sus esfuerzos en facilitar el acceso de las familias a la propiedad.

El Gobierno de Poduje parece haber optado por lo segundo.

El desafío estará ahora en determinar cuántas viviendas serán reasignadas, cuántas familias podrán convertirse efectivamente en propietarias y bajo qué mecanismos se concretará la transferencia de estos inmuebles. Son esos detalles los que permitirán medir el impacto real del cambio anunciado por el Ministerio de Vivienda.