Proponen regular el corretaje de propiedades con licencias obligatorias y nuevas reglas para plataformas digitales

El mercado del corretaje inmobiliario podría experimentar uno de los cambios regulatorios más importantes de las últimas décadas. Un proyecto de ley ingresado al Senado propone establecer un marco legal para el ejercicio del corretaje de propiedades, incorporando licencias obligatorias, requisitos de formación, normas de conducta profesional y nuevas obligaciones para las plataformas digitales de intermediación.

La moción, presentada por los senadores Miguel Ángel Calisto, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza y Matías Walker, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda, surge en respuesta a una realidad ampliamente reconocida por la industria: actualmente cualquier persona puede desempeñarse como corredor de propiedades sin acreditar conocimientos técnicos, experiencia o estar sometido a un sistema de fiscalización.

Según los autores del proyecto, esta ausencia de regulación genera un escenario de alta vulnerabilidad para los consumidores, considerando que las operaciones inmobiliarias involucran importantes montos económicos y aspectos jurídicos, financieros, urbanísticos y constructivos de creciente complejidad.

Licencia obligatoria para ejercer

Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es que el corretaje de propiedades solo podrá ser ejercido por personas que cuenten con una licencia especial, la cual deberá renovarse cada cinco años.

Para obtenerla será necesario ser mayor de edad, contar con nacionalidad chilena o residencia definitiva, no registrar condenas por delitos con pena aflictiva y aprobar un curso de corretaje impartido por instituciones de educación superior oficialmente reconocidas.

No obstante, el proyecto contempla un régimen transitorio que permitirá eximir de este requisito académico a quienes acrediten haber ejercido la actividad durante al menos cinco años continuos antes de la entrada en vigencia de la futura ley.

Más transparencia y deberes profesionales

La propuesta también establece un conjunto de obligaciones para quienes desarrollen labores de intermediación inmobiliaria.

Entre ellas destacan el deber de actuar con imparcialidad, honestidad y lealtad; entregar información clara y veraz a compradores y vendedores; exhibir el número de licencia en toda publicidad y resguardar la confidencialidad de los antecedentes entregados por sus clientes.

Asimismo, el proyecto prohíbe expresamente la publicidad engañosa y la retención de documentos, dineros o valores pertenecientes a las partes involucradas en una operación.

La iniciativa también regula los contratos de corretaje, definiendo aspectos relacionados con el cobro de honorarios y las condiciones bajo las cuales podrán percibirse comisiones.

Plataformas digitales bajo nuevas exigencias

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto apunta al creciente desarrollo de los portales inmobiliarios.

La propuesta establece que las plataformas digitales que publiquen avisos de venta o arriendo deberán incorporar mecanismos que permitan verificar y exhibir el número de licencia del corredor responsable de cada publicación.

Además, un reglamento determinará la cantidad de avisos que podrán publicar personas naturales o jurídicas que no tengan la calidad de corredores autorizados.

La iniciativa también prohíbe republicar avisos publicados por corredores sin contar con su autorización expresa, buscando proteger tanto la propiedad de los contenidos como la transparencia de la información disponible para los consumidores.

Profesionalizar un mercado en expansión

Los impulsores del proyecto sostienen que la regulación permitirá fortalecer la confianza pública en el mercado inmobiliario, reducir riesgos de fraude, publicidad engañosa y conflictos de interés, además de mejorar las condiciones de competencia entre quienes ejercen profesionalmente la actividad.

Para respaldar la propuesta, la moción cita experiencias internacionales desarrolladas en países como Panamá, España, Perú y Uruguay, donde el corretaje inmobiliario opera bajo sistemas de licenciamiento, registros oficiales y organismos fiscalizadores.

El proyecto recién inicia su tramitación legislativa en el Senado, por lo que aún deberá ser discutido en comisiones y posteriormente votado por ambas cámaras antes de convertirse en ley. De aprobarse, marcaría el inicio de una nueva etapa para una actividad que, pese a su creciente relevancia económica, hasta ahora ha funcionado sin una regulación específica en Chile.