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Proyecto busca ampliar la Ley del Mono: proponen extender plazos y permitir regularizar viviendas de hasta 120 m²

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados avanza en la tramitación de un proyecto que modifica la denominada Ley del Mono, ampliando el universo de viviendas que podrán acogerse al procedimiento simplificado de regularización. La iniciativa extiende el plazo de vigencia del beneficio, aumenta el avalúo fiscal permitido y eleva la superficie máxima de las propiedades que podrán regularizarse.

Renato Herrera
PorRenato Herrera·29 de julio de 2026·3 min de lectura
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Proyecto busca ampliar la Ley del Mono: proponen extender plazos y permitir regularizar viviendas de hasta 120 m²

La denominada Ley del Mono (Ley N.º 20.898) podría experimentar una de sus modificaciones más relevantes desde su creación. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra analizando un proyecto que busca ampliar el alcance de esta normativa, facilitando que un mayor número de propietarios regularice viviendas y ampliaciones construidas sin permiso municipal o que aún no cuentan con recepción definitiva.

La ley permite obtener, mediante un procedimiento simplificado, tanto el permiso de edificación como la recepción definitiva de inmuebles que cumplan con las condiciones de seguridad, habitabilidad y exigencias técnicas establecidas por la normativa vigente.

Su utilización resulta especialmente relevante para propietarios que buscan formalizar su vivienda, acceder a financiamiento, vender la propiedad o incorporar ampliaciones al avalúo fiscal del inmueble.

Más plazo para regularizar

Uno de los principales cambios que contempla el proyecto es extender el plazo para acogerse al beneficio.

La propuesta establece que las viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 podrán regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2029, tanto en zonas urbanas como rurales, siempre que no cuenten con recepción definitiva total o parcial.

Con ello, el Ejecutivo y los parlamentarios buscan ampliar el número de familias que puedan normalizar la situación legal de sus viviendas.

Aumenta el avalúo permitido

La iniciativa también modifica uno de los requisitos más relevantes para acceder al procedimiento.

Actualmente, solo pueden acogerse viviendas con un avalúo fiscal de hasta 1.000 UF. El proyecto propone elevar ese límite a 2.000 UF, previa acreditación mediante un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La modificación permitiría incorporar un universo considerablemente mayor de inmuebles al proceso de regularización.

Viviendas de mayor superficie

Otro de los cambios relevantes apunta a la superficie construida.

El proyecto eleva desde 90 m² a 120 m² la superficie máxima que podrán tener las viviendas beneficiadas por este procedimiento simplificado.

Esta modificación busca responder a la realidad de muchas familias que, con el paso de los años, ampliaron sus viviendas sin tramitar los permisos correspondientes.

Además, el proyecto establece que estos límites de avalúo y superficie no se aplicarán a viviendas que hayan recibido subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados a mejoramientos o ampliaciones.

Nuevas exigencias de seguridad

La iniciativa también incorpora requisitos técnicos para determinadas construcciones.

En el caso de viviendas aisladas, pareadas o continuas de hasta dos pisos y con una superficie igual o inferior a 120 m², se exigirá una resistencia mínima al fuego F15 en todos sus elementos estructurales, siempre que los muros divisorios cumplan con las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Un instrumento ampliamente utilizado

La Ley del Mono ha sido, durante los últimos años, una de las principales herramientas para regularizar viviendas de autoconstrucción y ampliaciones ejecutadas sin autorización municipal.

Su aplicación permite otorgar certeza jurídica a los propietarios, facilitar futuras operaciones de compraventa, acceder a créditos hipotecarios y actualizar la información oficial de los inmuebles.

De aprobarse las modificaciones actualmente en discusión, el beneficio ampliaría significativamente su cobertura, permitiendo que un mayor número de familias pueda normalizar la situación legal de sus viviendas antes de fines de esta década.

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