Prohibición del anatocismo reabre debate sobre el acceso al crédito y el impacto en el mercado inmobiliario

La aprobación en el Congreso de la prohibición del anatocismo —la capitalización de intereses sobre intereses devengados y no pagados— abrió uno de los debates financieros más relevantes de los últimos años. Lo que inicialmente fue presentado como una medida de protección para los consumidores terminó generando una inusual coincidencia entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), centros de estudio y representantes del mercado inmobiliario, quienes advirtieron que la norma podría producir efectos contrarios a los buscados.

El Ejecutivo ya confirmó que vetará la disposición incorporada en la Ley de Reconstrucción Nacional, argumentando que podría afectar el funcionamiento del sistema financiero y encarecer el acceso al crédito para personas y empresas.

Durante la discusión legislativa, tanto el Banco Central como la CMF manifestaron que la prohibición absoluta del anatocismo no tiene precedentes en los mercados financieros modernos y advirtieron que eliminar este mecanismo obligaría a rediseñar gran parte de los productos financieros existentes.

La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, fue una de las voces más críticas tras la aprobación de la norma. "Fuimos muy claros y no nos escucharon", afirmó la autoridad, agregando que "estamos atentando contra la base de las finanzas, el interés compuesto. Es tan grave lo que ocurriría, que estoy confiada en que vamos a encontrar la manera de solucionarlo".

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que mantener la prohibición "distorsiona el mercado financiero" y reiteró que "en esto siempre hay que escuchar al Banco Central y a la CMF", confirmando que el Gobierno impulsará un veto presidencial para eliminar esta disposición.

Un impacto que va mucho más allá de los créditos

Aunque el debate se ha concentrado en el costo de los préstamos, distintos especialistas sostienen que los efectos alcanzarían también a los instrumentos de ahorro utilizados por miles de familias.

Un informe elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD) advierte que la prohibición afectaría directamente los depósitos a plazo renovables, las cuentas de ahorro y otros instrumentos que utilizan el interés compuesto para rentabilizar los recursos de los ahorrantes.

Según el centro de estudios, impedir la capitalización de intereses "limita la variedad de productos financieros disponibles, tanto de crédito como de ahorro, restringiendo además las posibilidades de reestructurar créditos", por lo que concluye que el Ejecutivo "debe vetar una mala idea".

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras comparte ese diagnóstico. Su gerente general, Luis Opazo, advirtió que la medida "generará importantes efectos negativos en el acceso al financiamiento, el ahorro y el funcionamiento del mercado de capitales", agregando que también podría "encarecer el crédito formal y reducir las alternativas disponibles para familias y pequeños emprendedores".

La preocupación del mercado inmobiliario

Donde las advertencias adquieren una dimensión aún mayor es en la industria inmobiliaria, debido a que gran parte de los proyectos y créditos hipotecarios se estructuran precisamente sobre la base de la capitalización de intereses.

Desde Colliers sostienen que una prohibición absoluta afectaría tanto a compradores como a desarrolladores.

El vicepresidente de la consultora, Reinaldo Gleisner, afirmó que la medida "lejos de proteger al consumidor, destruye las herramientas financieras que hacen viable el acceso a la vivienda y el desarrollo de obras".

A su juicio, la capitalización de intereses "no es un mecanismo abusivo, sino una herramienta técnica legítima y voluntaria para gestionar el valor del dinero en el tiempo", permitiendo modalidades ampliamente utilizadas por los bancos, como los períodos de gracia o la reprogramación de dividendos.

El gerente del Área de Multifamily y Financiamiento de Colliers, Eduardo Ramos, explicó que uno de los efectos más inmediatos sería la desaparición de los meses de gracia que suelen ofrecerse al momento de recibir una vivienda. "Sin anatocismo, los meses de gracia desaparecen del mercado de un día para otro, obligando al comprador a desembolsar la primera cuota de inmediato", señaló.

Asimismo, advirtió que los créditos para financiar proyectos inmobiliarios también perderían flexibilidad. "El resultado neto es un encarecimiento directo del costo de construcción que se trasladará al precio final de la vivienda, o bien, la paralización de nuevos proyectos por falta de viabilidad financiera", sostuvo.

Un debate que trasciende la coyuntura

Más allá del futuro inmediato de la norma, el episodio volvió a instalar una discusión de fondo sobre el equilibrio entre protección al consumidor y estabilidad financiera.

Para los organismos técnicos, el sistema chileno ya contempla mecanismos destinados a prevenir abusos, como la Tasa Máxima Convencional (TMC), la Carga Anual Equivalente (CAE), la regulación de comisiones, la fiscalización de la CMF y el SERNAC, además de la prohibición del anatocismo sobre intereses moratorios.

Por ello, sostienen que una prohibición absoluta terminaría afectando precisamente a quienes busca proteger: familias que ahorran para comprar una vivienda, personas que necesitan refinanciar un crédito o empresas que requieren financiamiento para desarrollar nuevos proyectos.

Mientras el Ejecutivo prepara el veto presidencial, el debate ha dejado una conclusión compartida por buena parte del mundo técnico: cualquier modificación al funcionamiento del mercado financiero debe considerar no solo el objetivo de proteger a los consumidores, sino también los efectos que puede generar sobre el acceso al crédito, el ahorro y la inversión, especialmente en un momento en que el mercado inmobiliario comienza a mostrar señales de recuperación.